Un grupo transversal de diputadas y diputados presentó un proyecto de ley orientado a fortalecer la protección de las personas con enfermedad celíaca, con medidas vinculadas a la información alimentaria, la alimentación segura, el diagnóstico oportuno y la no discriminación.
La iniciativa es impulsada por la diputada María Francisca Bello (FA) y cuenta con el respaldo de Matías Fernández (FA), Andrés Celis (RN), José Antonio Rivas (PS), Ana María Gazmuri (PC), Christian Mella (DC), Chiara Barchiesi (Republicanos), Zandra Parisi (PDG) y Félix Bugueño (FA).
El proyecto propone abordar la enfermedad en tres etapas: diagnóstico, tratamiento y acompañamiento. Sus fundamentos destacan que, a diferencia de otras condiciones crónicas, el tratamiento de la celiaquía consiste en mantener una dieta estricta y permanente libre de gluten. Por ello, gran parte de los cuidados se desarrolla fuera de los centros de salud, en espacios como el hogar, los colegios, los lugares de trabajo, supermercados y restaurantes.
“Para una persona celíaca alimentarse no es una elección ni una moda: es su tratamiento”, afirmó la diputada Bello.
La parlamentaria sostuvo que actualmente las familias deben asumir gran parte de la responsabilidad, enfrentando mayores costos, una oferta limitada y lugares que no siempre cuentan con condiciones para prevenir la contaminación cruzada. En ese contexto, la propuesta busca que las personas celíacas puedan estudiar, trabajar, hospitalizarse y comer fuera de sus hogares sin poner en riesgo su salud ni ser discriminadas.
Diagnóstico, tratamiento y acompañamiento
En materia de diagnóstico, el documento advierte sobre las dificultades para acceder oportunamente a los exámenes confirmatorios. Según sus fundamentos, estas brechas pueden generar diferencias dependiendo de la capacidad económica de cada persona.
La iniciativa también plantea que la enfermedad no siempre se manifiesta a través de síntomas digestivos. Entre sus posibles expresiones menciona la anemia, la osteopenia, las alteraciones hepáticas, la infertilidad, los síntomas neurológicos y las molestias digestivas inespecíficas. Además, existen casos asintomáticos.
Respecto del tratamiento, el proyecto señala que el desafío no se limita a encontrar alimentos sin gluten, sino que también comprende acceder a ellos de forma segura y constante. Un estudio del INTA publicado en 2022 estableció que una canasta de productos libres de gluten cuesta, en promedio, 1,65 veces más que una equivalente con gluten.
El acompañamiento posterior al diagnóstico incluye la adaptación de la alimentación, la prevención de la contaminación cruzada, la comprensión del etiquetado y las certificaciones, el acceso a productos seguros y el seguimiento clínico y nutricional. El texto reconoce, además, el impacto que estas restricciones pueden tener en la vida social y familiar.
Los fundamentos señalan que medidas como incorporar la celiaquía al régimen de Garantías Explícitas en Salud, financiar el mayor costo de la dieta, entregar menús sin gluten financiados en determinados establecimientos públicos o crear un registro nacional requerirían gasto fiscal o cambios en las funciones de organismos públicos.
Por esa razón, el documento sostiene que esas materias requieren iniciativa exclusiva del Presidente de la República y no pueden ser establecidas directamente mediante una moción parlamentaria.