La Sala del Senado aprobó este miércoles el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley.
La votación terminó con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El texto fija normas generales para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, además de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias.
Uso de la fuerza potencialmente letal
El proyecto establece que la fuerza potencialmente letal solo podrá emplearse cuando las medidas previstas en los grados anteriores resulten insuficientes.
Su utilización deberá estar justificada por situaciones como el cumplimiento del deber, la legítima defensa, una orden judicial, la detención de una persona que oponga resistencia a la autoridad, la prevención de una fuga o la protección de infraestructura crítica ante un peligro grave.
También se contempla el uso de armamento letal contra quien, luego de ser requerido expresamente por personal policial o militar, se niegue a desprenderse de un arma.
La medida podrá aplicarse, además, frente a ataques contra infraestructura crítica o recintos militares cuando la pérdida de su control material pueda poner en riesgo la vida o la integridad física de personas que dependan de esas instalaciones, o comprometer la seguridad militar o nacional.
Acuerdos de la Comisión Mixta
El presidente de la Comisión Mixta, el senador Karim Bianchi, informó que se resolvieron diez discrepancias entre ambas cámaras.
Entre las materias abordadas estuvo la prohibición de la tortura, que fue eliminada del texto; el deber de resguardar la vida, que fue aprobado; y la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes, que se suprimió bajo el argumento de que ya está contemplada en otras normas.
También se eliminó la referencia a labores de vigilancia pasiva y se aprobó una nueva redacción para regular el uso de la fuerza potencialmente letal.
Seguridad descarta cambios relevantes en armamento
El titular de Seguridad sostuvo que la normativa debería entregar mayor seguridad a los funcionarios, aunque precisó que no implicará cambios relevantes en las técnicas ni en el armamento utilizado.
La autoridad añadió que el uso de un arma potencialmente letal deberá cumplir con criterios de racionalidad y legalidad, además de ajustarse a las hipótesis en que las medidas previas no sean suficientes para proteger la integridad de las personas, la infraestructura crítica u otros bienes contemplados en el proyecto.
Como ejemplo, indicó que sería irracional utilizar un arma de fuego potencialmente letal para dispersar una manifestación si no existe peligro para la vida de un tercero o de un funcionario.