El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 establece un plan de contención del gasto en personal para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), mediante la Glosa N° 02 de cada organismo.
La medida alcanza a los servicios que ya administraban establecimientos educacionales o que tenían horas docentes fijadas durante 2026. De acuerdo con la glosa presupuestaria presentada por el Gobierno, la dotación autorizada disminuiría, en promedio, en 4.176 horas docentes por SLEP, equivalente a una reducción media de 6,1% por territorio.
El incumplimiento de estos límites por parte de los directores ejecutivos será considerado una falta grave, con posibles sanciones administrativas o la remoción del cargo, conforme a la Ley N° 21.040.
La aplicación de los topes para 2027 se apoya en la circular de Orientaciones Técnicas para la Formulación del Plan Anual Local (PAL 2027), emitida por la Dirección de Educación Pública (DEP), que contempla medidas administrativas orientadas a reducir la dotación docente.
La decisión generó críticas del Colegio de Profesores de Chile. Su presidente, Mario Aguilar, calificó el ajuste como un “daño grave a la educación” y cuestionó una mirada “exclusivamente economicista” atribuida al Ministerio de Hacienda.
El dirigente advirtió que la fusión de aulas podría aumentar el hacinamiento y afectar especialmente a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) o pertenecientes al Programa de Integración Escolar (PIE). También sostuvo que no reemplazar las jubilaciones ni las licencias médicas podría dejar a miles de alumnos sin profesor en la sala de clases.
Aguilar confirmó que el gremio convocará a las comunidades escolares a movilizarse contra lo que considera una precarización del sistema público.