El fiscal nacional, Ángel Valencia, cuestionó las restricciones de gasto incluidas por el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para el Ministerio Público. La propuesta limita recursos para horas extraordinarias, viáticos y capacitación, además de establecer autorizaciones ante la Dirección de Presupuestos (Dipres).
“Esto me parece gravísimo”, afirmó Valencia durante la discusión de la Partida 23. El jefe del Ministerio Público advirtió que el control presupuestario puede convertirse en una herramienta para intervenir en las decisiones de las fiscalías a nivel regional, mediante castigos o incentivos presupuestarios.
Como ejemplo, señaló que una eventual falta de recursos podría obligarlo a solicitar autorización a la Dipres para enviar fiscales a Colombia en el marco de una investigación de lavado de activos, incluso cuando existiera una prohibición de informar sobre ese caso.
El proyecto contempla un presupuesto total de 336,3 mil millones de pesos para el Ministerio Público. De ese monto, 331 mil millones corresponden a la ejecución general del organismo y 5,2 mil millones a la Fiscalía Supraterritorial, a través del Programa 02.
Entre los límites establecidos en la Glosa 01 figuran 681,8 millones de pesos para horas extraordinarias, 848,9 millones para viáticos dentro del país y 146,9 millones para viáticos en el extranjero. Para la Fiscalía Supraterritorial se consideran 26,2 millones en horas extraordinarias y 52,4 millones en viáticos nacionales.
La iniciativa también fija 28,3 millones de pesos para capacitación y perfeccionamiento, junto con un máximo de 6.416 millones para convenios con personas naturales, con un límite de 278 personas.
Además, se asignan 7.119 millones de pesos para medidas de protección de víctimas y testigos, incluida la posibilidad de destinar excepcionalmente fiscales y funcionarios a la Macrozona Sur. Otros 12.937 millones serán destinados a los Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), en el marco del Plan FOCO.
Tras las objeciones de Valencia por la rigidez de las partidas y la exigencia de visaciones previas de la Dipres, la Tercera Subcomisión de Presupuestos suspendió la votación de la partida institucional y remitió los antecedentes pendientes a la Comisión Especial Mixta.