La ministra de Salud, Ximena Chomalí, aseguró que los pacientes incluidos en la Ley Ricarte Soto continuarán recibiendo sus tratamientos, pese a la reducción de $28 mil millones contemplada en el presupuesto destinado a esta política para 2027.
La secretaria de Estado recalcó que la normativa obliga al Estado a garantizar los medicamentos para las patologías incorporadas, siempre que exista una indicación médica y se cumplan los plazos establecidos.
“La Ley Ricarte Soto no es un beneficio social, es una ley. Por lo tanto, tenemos que cumplir la ley”, afirmó Chomalí.
La ministra explicó que el gasto en medicamentos asociado a esta legislación ha superado durante años los montos considerados en la respectiva línea presupuestaria. Según indicó, las diferencias han sido cubiertas con recursos adicionales.
Chomalí atribuyó el aumento de los costos a que se han sumado nuevos pacientes, pese a que la ley fue diseñada bajo la proyección de que una cantidad similar de beneficiarios ingresaría y saldría del sistema debido a la efectividad de los tratamientos.
En ese contexto, señaló que el Gobierno está impulsando la discusión de un proyecto en el Congreso para hacer más sostenible la normativa en el tiempo.
“No se van a cortar recursos para la entrega de medicamentos”, enfatizó la ministra, quien calificó como un “tecnicismo” la reducción presupuestaria y aseguró que, por ahora, esta no representa una preocupación para la continuidad de las prestaciones.