A un día de cumplirse siete años del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) afirmó que el Estado mantiene una “grave deuda” en el cumplimiento de sus obligaciones de verdad y justicia, reparación y garantías de no repetición.
Según cifras de la Fiscalía, durante las manifestaciones del 18-O se registraron más de 35 mil delitos, cerca de 22 mil imputados conocidos y más de 20 mil víctimas. La violencia institucional cometida por agentes del Estado fue el delito más frecuente, con el 34,1% de los casos, seguida por los saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%) y los desórdenes públicos (22,7%).
En materia de trauma ocular, se contabilizaron 464 víctimas. De ellas, 230 presentaron algún grado de pérdida visual y dos sufrieron ceguera total bilateral.
La Fiscalía recibió además más de 12 mil denuncias por violencia institucional. Solo 219 terminaron en una sentencia condenatoria, mientras que la mayoría fue archivada, sobreseída o cerrada sin perseverar.
El director del INDH, Yerko Ljubetic, sostuvo que el Estado debe esclarecer lo ocurrido, asegurar justicia, implementar reparaciones efectivas y consolidar garantías de no repetición.
“El Estado de Chile continúa con una grave deuda y con grandes pendientes en estas materias”, afirmó. También cuestionó la baja tasa de resultados judiciales y las insuficiencias en la atención de las secuelas que afectan a las víctimas, especialmente en el ámbito de la salud. A su juicio, los hechos posteriores apuntan en sentido contrario a las garantías de no repetición.
Desde el oficialismo, los partidos suscribieron el viernes el documento “Chile sin violencia, un compromiso con la paz”, en rechazo a la violencia y el vandalismo registrados durante ese período. El Gobierno, en tanto, señaló que no realizará un acto oficial.
El diputado de Evópoli Tomás Kast condenó la violencia asociada al estallido y afirmó que ninguna demanda social justifica la destrucción. También llamó a extraer lecciones y a evitar que el país vuelva a vivir una situación similar.
El diputado socialista Raúl Leiva coincidió en que deben repudiarse los delitos cometidos al amparo de movilizaciones legítimas y pacíficas. Sin embargo, planteó que también es necesario evaluar si la respuesta del sistema político a las problemáticas estructurales fue oportuna y adecuada.
En paralelo, una encuesta de Pulso Ciudadano indicó que el 64% de las personas considera que el estallido social fue negativo para el país, siete puntos más que en 2024.