Un grupo de concejales de Las Condes solicitó a la alcaldesa Catalina San Martín convocar a una sesión extraordinaria para abordar la emergencia provocada por el aluvión que afectó el jueves a un sector de San Carlos de Apoquindo.
La petición fue enviada por correo electrónico a las 8:28 horas del lunes 12 de octubre por el concejal Guillermo Ureta, con el respaldo de Luis Hadad, Manuel Melero, Francesca Gorrini y Richard Kouyumdjian.
En la comunicación, los ediles plantearon que la instancia debe abordar tres puntos y señalaron que tienen la responsabilidad de fiscalizar la actuación municipal, el uso de los recursos y las decisiones que requieran acuerdo del concejo. También indicaron que la sesión permitiría contribuir a una respuesta oportuna para los vecinos.
La solicitud se conoce en medio de la molestia de varios concejales por el acceso limitado a información sobre la emergencia. Según el entorno de los ediles, parte de los antecedentes han sido conocidos a través de la prensa. Al cierre del reporte, Ureta aún no había recibido una respuesta.
El evento se produjo luego de un pulso pluvial calificado como “súbito” por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), que provocó el colapso total de la Quebrada Honda. El balance consignado en los antecedentes apunta a más de 2 mil viviendas damnificadas y daños superiores a US$170 millones.
La emergencia también reabrió el debate sobre las medidas preventivas adoptadas tras el incendio que afectó la zona cordillerana en enero. Un documento interno de la Municipalidad de Las Condes, presentado en una reunión del COGRID comunal el 24 de junio, advertía sobre un “aumento de riesgo aluvional” debido a la pérdida de vegetación.
El informe planteaba que “después de un incendio el principal riesgo no es el fuego, es el agua” y proponía instalar mallas para mitigar el desplazamiento de rocas y sedimentos.
Además, se conocieron dos licitaciones relacionadas con la limpieza de quebradas que no llegaron a concretarse. La primera fue revocada en febrero de 2026 por la administradora municipal Najel Klein. La segunda, con una inversión de $500 millones, fue retomada en julio y cuenta con 10 oferentes aprobados. El ganador del contrato se conocerá el 23 de octubre.
En los últimos días, la alcaldesa ha cuestionado públicamente al Ministerio de Obras Públicas por la falta de limpieza de las quebradas, al sostener que estas pertenecen a esa cartera. También criticó al gobernador Claudio Orrego y afirmó que el Gobierno Regional no participó en la gestión de la emergencia.
Ureta, militante de la UDI, ha presentado 13 denuncias ante la Contraloría, dos ante ChileCompra y una querella por situaciones irregulares detectadas en licitaciones municipales durante la administración de San Martín.